Luego de cinco años de revolución ciudadana, la inserción inteligente en la economía mundial sigue siendo una tarea pendiente. El Gobierno no ha logrado reanudar las negociaciones con la Unión Europea (UE), el mercado de mayor importancia para las exportaciones privadas del Ecuador.
Tampoco ha empezado un diálogo con Estados Unidos, para definir un acuerdo de largo plazo que le permita acceder a ese mercado cuando terminen las preferencias arancelarias (Atpdea), que concluirán en julio del 2013.
Con la Unión Europea, la fecha tope para llegar a un acuerdo será diciembre del 2013, cuando Ecuador dejará de recibir los beneficios del Sistema General de Preferencias (SGP), según la propuesta que presentó la Comisión Europea y que será definida el próximo año.
El SGP permite que los productos ecuatorianos ingresen a la UE en condiciones preferenciales, como ocurre con la Atpdea en EE.UU.
Pero el bloque europeo planteó extender el SGP hasta diciembre del 2013, con opción de renovación hasta el 2018, únicamente a los países de bajos ingresos, es decir, aquellos cuyo PIB per cápita sea menor a USD 3 945.
Ecuador tiene una renta per cápita de USD 4 082, por lo que no calificaría para beneficiarse de las preferencias europeas.
Esto presiona al Gobierno ecuatoriano para negociar un acuerdo de largo plazo con los europeos, aunque todavía no hay señales claras de que vaya a concretarse. La posición de la Cancillería, que dirige la política comercial del país, ha sido ambigua durante esta administración, pues permanentemente ha comparado el acuerdo de la UE con un Tratado de Libre Comercio (TLC), el cual va en contra de los principios del socialismo del Siglo XXI.
Y si bien aún hay tiempo para negociar, el acuerdo con la UE debiera concluir antes de llegar a la fecha límite, para evitar un impacto negativo en las exportaciones nacionales por la incertidumbre de no contar con reglas comerciales estables.